Supervisor de CBP enfrenta cargos federales por presuntamente albergar a inmigrante sin estatus legal

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• Cargos por albergar inmigrante
• Enfrenta hasta 10 años

Un supervisor de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fue arrestado en Texas tras ser acusado de albergar en su vivienda a una mujer indocumentada.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas confirmó los cargos contra Andrés Wilkinson, de 52 años.

El funcionario compareció ante la corte y permanecerá bajo custodia mientras se realiza una audiencia de detención programada ante un juez magistrado federal.

El fiscal federal Nicholas J. Ganjei anunció formalmente la acusación en contra del empleado de la agencia migratoria.

Trayectoria en la agencia federal

Wilkinson forma parte de CBP desde 2001 y en 2021 fue ascendido a un puesto de supervisión.

Entre sus responsabilidades estaba la aplicación de leyes aduaneras y migratorias en la región fronteriza.

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De acuerdo con la denuncia penal, las autoridades recibieron información de que una persona sin autorización legal residía en su domicilio.

El documento sostiene que el supervisor conocía la condición migratoria de la mujer y que mantenía una relación sentimental con ella.

Detalles de la investigación

Registros judiciales indican que la mujer ingresó a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de no inmigrante.

Sin embargo, habría permanecido en el país más allá del periodo autorizado por su estatus.

Entre junio y noviembre de 2025, agentes vigilaron la residencia del funcionario y observaron que la mujer vivía allí junto a su hijo menor.

Los investigadores también señalaron que utilizaba vehículos registrados a nombre de Wilkinson.

Apoyo financiero y traslados

Según la denuncia, en febrero de 2026 la mujer fue entrevistada por autoridades federales.

El expediente sostiene que residía con el supervisor desde agosto de 2024 y que recibía apoyo económico.

Los cargos detallan que Wilkinson le proporcionó alojamiento, tarjetas de crédito y ayuda para cubrir diversas obligaciones financieras.

Asimismo, se le acusa de haberla transportado a través de puntos de control de la Patrulla Fronteriza, a sabiendas de su estatus migratorio.

Posibles consecuencias legales

El funcionario también habría viajado con ella a San Antonio, según los registros citados en el caso.

Si es declarado culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP en Laredo.

El proceso judicial forma parte de la llamada “Operación Take Back America”, una iniciativa que, según la Fiscalía, busca emplear todos los recursos del Departamento de Justicia para enfrentar la inmigración irregular y combatir organizaciones criminales transnacionales, detalló ‘El Diario NY‘.