Investigan a abogada por presunto fraude migratorio; deja miles de casos bajo investigación

Miles de casos investigados.

Acusan fraude migratorio.

Visas humanitarias bajo revisión.

Una abogada de Washington, especializada en casos migratorios, enfrenta acusaciones de haber presentado solicitudes con información falsa para obtener visas humanitarias para miles de inmigrantes.

Por qué importa: El caso podría afectar a decenas de miles de personas cuyos expedientes permanecen abiertos y aumentar el escrutinio sobre programas destinados a proteger a víctimas de violencia y trata.

Alexandra Lozano cerró su firma este mes, renunció a su licencia para ejercer la abogacía y niega haber cometido irregularidades mientras enfrenta demandas e investigaciones.

Una investigación y varias demandas acusan a Alexandra Lozano de prometer soluciones migratorias a miles de inmigrantes que buscaban regularizar su situación.

¿Cómo comenzó el presunto esquema contra inmigrantes?

Thousands of immigrants got scammed by an attorney exploiting humanitarian visas, lawsuits say https://t.co/L1S1X0vPuC #News #Chico #California

— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 29, 2026

Los señalamientos sostienen que utilizó relatos falsos de violencia doméstica y trata de personas para tramitar visas humanitarias.

Según las acusaciones, muchos clientes desconocían el contenido de las solicitudes presentadas ante las autoridades migratorias.

También afirman que la abogada habría aprovechado la vulnerabilidad económica y legal de los inmigrantes para cobrar grandes cantidades de dinero.

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Las demandas sostienen que el despacho funcionaba mediante un sistema de producción acelerada para procesar expedientes.

Los denunciantes aseguran que parte del personal no contaba con las credenciales legales necesarias para desempeñar esas funciones.

Además, acusan al bufete de copiar firmas de clientes en documentos que nunca habrían revisado.

Los señalamientos forman parte de investigaciones civiles y de un proceso de ética profesional contra la exabogada.

Fraude migratorio: testimonios que desataron las denuncias

Una abogada del estado de Washington prometió «milagros» a decenas de miles de inmigrantes que buscaban obtener estatus legal en EE. UU. https://t.co/yuQpHnrlg6

— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 5, 2026

Uno de los testimonios incluidos en las demandas corresponde a Gabriel Martínez García, de 30 años, según Univision.

El inmigrante afirmó haber confiado el futuro migratorio de su familia al despacho de Lozano.

Según su versión, pagaron alrededor de 30,000 dólares por los servicios legales.

Martínez asegura que las acciones del despacho terminaron colocando a su madre en un proceso de deportación.

Indicó que ella está casada con un ciudadano estadounidense naturalizado.

«Confiamos en ella y luego nos defraudó», afirmó al describir la experiencia de su familia.

Lozano operaba mediante su firma Luz del Camino Legal.

El despacho cerró sus puertas este mes mientras aumentaban las denuncias en su contra.

La exabogada renunció de forma definitiva a su licencia para evitar sanciones disciplinarias del colegio de abogados.

Pese a ello, rechaza haber cometido fraude o cualquier conducta ilegal.

Investigación federal y miles de expedientes pendientes

Las autoridades del colegio de abogados sostienen que la firma aparece vinculada con más de 53,000 casos migratorios pendientes.

Hasta ahora no existe una cifra oficial sobre cuántos expedientes contienen información fraudulenta.

Tampoco está claro cuántos clientes conocían el contenido de las solicitudes presentadas en su nombre.

Los abogados que representan a antiguos clientes sostienen que la mayoría desconocía completamente esas declaraciones.

Erika González, abogada de la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y la Trata de Personas, afirmó que las consecuencias están impactando al sistema migratorio «como un maremoto».

El caso también coincide con cambios impulsados por la administración Trump en programas de protección humanitaria.

Según el gobierno, el fuerte incremento de solicitudes desde 2020 representaba una señal de fraude generalizado.

Las nuevas restricciones endurecieron los requisitos y alargaron los tiempos de procesamiento.

Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que esas medidas también afectan a víctimas legítimas.

Las visas utilizadas en estos casos fueron creadas para proteger a personas víctimas de trata o abuso.

La defensa de Alexandra Lozano y la investigación

Lozano enfocó gran parte de su práctica en beneficios contemplados por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata y la Violencia de 2000.

También trabajó con solicitudes amparadas por la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres de 1994.

Estos programas buscan impedir que los agresores utilicen el estatus migratorio como mecanismo de control.

Sus estándares de evidencia son más flexibles para facilitar el acceso de víctimas al sistema.

Sin embargo, abogados especializados señalan que esa flexibilidad también puede ser aprovechada por operadores sin escrúpulos.

Los representantes legales de antiguos clientes sostienen que el despacho buscaba conflictos familiares o laborales.

Posteriormente, esos hechos eran presentados como supuestos casos de abuso que no cumplían los requisitos legales.

Muchos clientes obtenían permisos de trabajo con rapidez.

No obstante, años después enfrentaban dificultades cuando solicitaban la residencia permanente.

En esa etapa, sus expedientes recibían un escrutinio más riguroso por parte de las autoridades.

El abogado Angelo Calfo, representante de Lozano, rechazó las acusaciones.

Sostuvo que los clientes debían revisar las solicitudes antes de firmarlas.

Además, responsabilizó a los propios solicitantes por cualquier declaración falsa incluida en los expedientes.

En un comunicado, afirmó que Alexandra Lozano siempre buscó todas las alternativas legales disponibles para sus clientes.

El colegio de abogados presentó cargos por fraude en mayo.

La firma cerró oficialmente el 10 de junio.

Correos electrónicos obtenidos por Associated Press indican que la unidad de fraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos investiga el caso.

El Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios.

Datos de la Comisión Federal de Comercio, analizados por AP, muestran que durante 2025 se reportaron al menos 920 estafas relacionadas con servicios de inmigración.

Los especialistas consideran que la cifra real podría ser mayor debido al temor de muchos inmigrantes a presentar denuncias.