Suprema Corte pospone decisión sobre fondos del SNAP durante cierre del gobierno

• Corte Suprema aplaza decisión
• SNAP sigue sin financiación clara
• Congreso busca acuerdo final

La Corte Suprema decidió no intervenir de inmediato en la disputa sobre la financiación de los beneficios alimentarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en medio de las tensiones por el cierre del gobierno federal.

La medida, emitida el 11 de noviembre, deja en suspenso una orden judicial que obligaba a la administración Trump a cubrir íntegramente las prestaciones durante la paralización parcial del gobierno.

El tribunal determinó que la orden de financiación quedará congelada hasta el 13 de noviembre, sin pronunciarse aún sobre los méritos legales del caso.

La jueza Ketanji Brown Jackson había suspendido previamente el plazo para la ejecución de la orden del juez de distrito John McConnell, mientras el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, revisaba el caso.

La Corte Suprema se mantiene al margen del debate sobre los beneficios alimentarios del SNAP

🚨 BREAKING — SUPREME COURT SIDES WITH TRUMP: Puts SNAP payments on HOLD

Lower court activist judges were attempting to force the admin to pay out fraudulent SNAP benefits during the shutdown.

SCOTUS shut them down.

GOOD! pic.twitter.com/iB7GUerayR

— Nick Sortor (@nicksortor) November 11, 2025

Jackson, encargada de las apelaciones de emergencia en esa región, se encontró ante una solicitud sensible: la administración buscaba revertir una decisión que favorecía a millones de beneficiarios de bajos recursos.

A pesar de la presión, Jackson expresó su desacuerdo con la mayoría del tribunal respecto a la extensión de la suspensión de los beneficios.

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La jueza sostuvo que el aplazamiento prolongaba una situación de incertidumbre para familias que dependen de los cupones de alimentos.

Su postura subrayó las tensiones dentro del tribunal sobre el alcance de la intervención judicial en disputas políticas y presupuestarias.

Debate sobre la financiación del SNAP

Supreme Court keeps pause on SNAP food benefits as shutdown comes to end https://t.co/1c8pZDf6pj

— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 11, 2025

El Departamento de Justicia argumentó que las decisiones de los tribunales inferiores habían interferido en las negociaciones del Congreso sobre el cierre del gobierno, introduciendo lo que calificó como una “variable nueva e inapropiada” en el proceso legislativo.

Según el gobierno, la orden del juez McConnell obligaba a utilizar una mezcla de fondos de contingencia del SNAP y otros recursos presupuestarios no previstos para financiar los pagos completos de noviembre, según USA Today.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones respaldó la resolución de McConnell, al considerar que el riesgo de dejar a millones de estadounidenses sin asistencia alimentaria superaba las preocupaciones fiscales del gobierno.

Los magistrados enfatizaron que la urgencia humanitaria debía prevalecer en tanto el Congreso no alcanzara un acuerdo definitivo de financiación.

Panorama legislativo y respuesta de los demandantes

Mientras tanto, los legisladores se preparan para votar un paquete que reabriría el gobierno hasta el 30 de enero, cubriendo la financiación completa de agencias federales y programas sociales, entre ellos la ayuda alimentaria y los beneficios para veteranos.

La Cámara de Representantes podría votar la medida tan pronto como el miércoles, lo que reduciría la presión sobre el Tribunal Supremo y permitiría que el financiamiento se resolviera políticamente.

Por su parte, los demandantes —entre ellos gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro— urgieron al tribunal a no retrasar más la entrega de los beneficios.

En su escrito, sostuvieron que “no hay justificación para impedir que los recursos lleguen a los niños, los ancianos, los trabajadores con bajos salarios y los veteranos que dependen de ellos para alimentarse”.

Aunque la Corte Suprema mantiene la cautela, el desenlace parece depender más del Congreso que de los jueces.

Si se aprueba el acuerdo de financiación, el fallo podría volverse innecesario, poniendo fin —al menos temporalmente— a una de las disputas más sensibles del cierre gubernamental.