Cuatro claves importantes de la millonaria indemnización de Trump al Departamento de Justicia por “persecución política”
Publicado el 10/23/2025 a las 12:23
- Millonaria indemnización de Trump
- Exabogados decidirán el pago
- Demócratas hablan de extorsión
Donald Trump ha sorprendido nuevamente al anunciar que busca una compensación millonaria por parte de su propio Departamento de Justicia.
El mandatario sostiene que las investigaciones sobre los supuestos vínculos de su campaña de 2016 con Rusia y el caso de los documentos clasificados en Mar-a-Lago fueron impulsadas por motivaciones políticas.
“Es interesante, porque yo soy quien toma la decisión. Esa decisión va a pasar por mi escritorio. Es horriblemente extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo”, dijo sonriente en la Casa Blanca. Trump aseguró que no busca enriquecerse y que, en caso de recibir dinero, lo donaría “a obras de caridad o a los proyectos de restauración del gran salón de baile de la Casa Blanca”.
Su declaración ha abierto un debate ético sin precedentes, pues el caso recaería sobre funcionarios cercanos a él, entre ellos Pam Bondi y Todd Blanche, hoy al frente del Departamento de Justicia. Ambos formaron parte de su defensa personal en los procesos judiciales previos, lo que genera serias dudas sobre la imparcialidad de la decisión.
Las demandas millonarias de Trump
Antes de regresar a la Casa Blanca, Trump presentó dos demandas administrativas solicitando 230 millones de dólares en daños y perjuicios. Una está vinculada con el registro del FBI en su residencia de Mar-a-Lago en 2022; la otra, con la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.
Las demandas fueron presentadas en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite a los ciudadanos pedir compensaciones cuando consideran que agencias federales los perjudicaron. El Departamento de Justicia tiene seis meses para resolver o rechazar la petición, y, pasado ese tiempo, el demandante puede llevar el caso a los tribunales.
En los documentos, Trump acusa al exfiscal general Merrick Garland, al exdirector del FBI Christopher Wray y al fiscal especial Jack Smith de actuar con “motivaciones maliciosas” para dañar su reputación y frenar su regreso político.
De acuerdo con ‘Univisión’, una de las reclamaciones, presentada en agosto de 2024, solicita 115 millones de dólares por el registro de Mar-a-Lago y los presuntos daños a su imagen pública.
Aliados al frente del Departamento de Justicia
El caso se complica aún más porque las decisiones sobre los pagos recaerían en antiguos abogados de Trump.
Todd Blanche, su exdefensor en el caso Mar-a-Lago, es ahora fiscal general adjunto, mientras que Stanley Woodward, quien representó a un empleado de Trump, funge como fiscal general asociado.
Aunque el Departamento de Justicia ha dicho que sus funcionarios “siguen las guías éticas de carrera”, no ha confirmado si Blanche y Woodward se recusarán del proceso.
En julio, Pam Bondi, actual fiscal general, despidió al principal asesor en temas de ética, lo que incrementó las sospechas de falta de transparencia.
Los expertos señalan que, de aprobarse el pago, el dinero saldría del Fondo de Sentencia, que se utiliza para resolver reclamaciones federales. El fondo ya ha sido empleado para indemnizaciones por negligencia y violaciones de derechos civiles en otras agencias.
Los demócratas hablan de “extorsión” presidencial
Las reacciones no se hicieron esperar. El congresista Jamie Raskin, líder demócrata en el Comité Judicial de la Cámara Baja, calificó el reclamo como una “extorsión inconstitucional” y anunció una investigación legislativa.
Según Raskin, el hecho de que el presidente evalúe pagar una indemnización a sí mismo constituye una violación directa a los principios de separación de poderes.
Sin embargo, la posibilidad de que el Congreso logre frenar el proceso es remota, dado el control republicano en ambas cámaras.
Mientras tanto, Trump se muestra confiado y desafiante, insistiendo en que fue víctima de una persecución política. “Me estoy demandando a mí mismo”, ironizó el mandatario, dejando claro que, en esta batalla legal, él es juez, parte y beneficiario, señaló ‘Univisión‘.
Artículo relacionado
