EEUU evalúa deportar al migrante Kilmar Ábrego a un tercer país tras su liberación

• Deportación a país no identificado
• Gobierno ignora fallo judicial
• ICE podría detenerlo nuevamente

Según informa la agencia EFE, el Gobierno de Estados Unidos planea deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a un tercer país, distinto a El Salvador, cuando sea liberado de una prisión federal en Tennessee.

La decisión, revelada este jueves durante una audiencia judicial, ha encendido las alarmas entre sus abogados, quienes temen que el migrante sea expulsado de forma discrecional y sin supervisión judicial.

El Gobierno de Estados Unidos deportó ilegalmente a Kilmar Ábrego García a El Salvador en marzo, a pesar de que tenía un estatus migratorio que lo protegía.

La Administración del presidente Donald Trump incluyó la deportación como parte de una serie de acciones, y ha renovado su cruzada contra los inmigrantes en medio de su campaña electoral.

Detención en Tennessee y cargos penales

Tras su retorno a Estados Unidos el pasado 6 de junio, las autoridades arrestaron y encarcelaron a Ábrego en Tennessee, acusándolo de tráfico de personas.

Según los fiscales federales, el migrante salvadoreño fue detenido en 2022 cuando viajaba con varios presuntos indocumentados, lo que dio pie a los cargos penales que ahora enfrenta.

En la audiencia celebrada esta semana, el Departamento de Justicia (DOJ) expresó su intención de que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detenga de nuevo al salir de prisión.

La jueza de distrito Paula Xinis, quien lleva el caso desde Maryland, presionó a los fiscales para que dieran una fecha concreta para esta posible deportación.

ICE planea deportación a tercer país

El fiscal Jonathan Gynn se limitó a afirmar que «no hay planes inminentes» para removerlo, pero admitió que no se descarta enviar a Ábrego a un país distinto a El Salvador.

La falta de claridad generó inquietud en la corte.

«¿Así que podría pasar en 30 segundos o 30 días o 30 meses?», preguntó la jueza Xinis, dejando en evidencia la ambigüedad del Gobierno.

Los abogados del salvadoreño aseguran que la intención del Gobierno es sacarlo de EE.UU. lo antes posible.

Defensa legal y riesgo de expulsión

En un documento judicial, alertaron que ICE podría trasladar a Ábrego a un lugar lejos de Maryland sin previo aviso.

También solicitaron que la jueza ordene su traslado inmediato a Maryland, donde se originó el caso, para que pueda estar bajo jurisdicción judicial y evitar una deportación sorpresiva.

«Las declaraciones públicas del Gobierno dejan pocas dudas sobre su plan: expulsar a Ábrego García», se lee en el escrito de la defensa.

Este nuevo capítulo se desarrolla luego de que la Corte Suprema autorizara al Gobierno de Trump a continuar. Por ahora, con la deportación de migrantes a países que no sean su lugar de origen.

Caso Ábrego y política migratoria de Trump

Defensores de derechos humanos y expertos legales han criticado duramente la política. Y advierten que se trata de una estrategia para eludir los límites establecidos por el sistema judicial.

En el caso de Ábrego, la Corte Suprema y la jueza de Maryland habían concluido que su deportación original fue ilegal.

A pesar de ello, el migrante enfrenta ahora un proceso judicial por presunto tráfico de personas, lo que complica aún más su situación migratoria.

Si el tribunal lo declara culpable, podría imponerle una pena máxima de 20 años de cárcel.

Deportación a tercer país continúa latente

Sus abogados niegan las acusaciones y aseguran que los cargos responden a una estrategia del Gobierno para justificar su detención prolongada.

Kilmar Ábrego García se ha convertido en un símbolo del choque entre el sistema judicial y las políticas migratorias de la Administración Trump.

Mientras la jueza Holmes de Tennessee ya había ordenado su liberación. El tribunal pospuso esta decisión hasta que se determine si ICE podría arrestarlo nuevamente al momento de salir.

La defensa insiste en que su cliente debe permanecer bajo supervisión judicial y en un lugar donde pueda ejercer su derecho a la defensa legal.