La deportación como negocio en EE.UU. ¿Quién está ganando millones?

Empresas privadas obtienen ganancias por detenciones migratorias en EE.UU.

La mayoría de centros de ICE son privados

El sistema genera críticas por incentivos económicos

La discusión pública sobre inmigración en Estados Unidos suele enfocarse en seguridad fronteriza, leyes y derechos humanos. Sin embargo, hay una dimensión menos visible que mueve miles de millones de dólares cada año.

Se trata del negocio que gira alrededor de la detención y deportación de personas migrantes.

Este modelo ha sido descrito por investigadores y organizaciones civiles como el “complejo industrial de la deportación”, un término que resume cómo las políticas migratorias están estrechamente ligadas a intereses económicos privados.

La deportación como negocio en Estados Unidos

Detrás de cada arresto, traslado o encierro existe una cadena de contratos financiados con dinero público. Empresas privadas participan activamente en el alojamiento, transporte y administración de personas bajo custodia migratoria.

Foto – Tia Dufour – U.S. Department of Homeland Security – Dominio Público

El resultado es un sistema donde el control migratorio no solo responde a decisiones políticas, sino también a una lógica de mercado que recompensa la ocupación constante de centros de detención.

La privatización de la detención migratoria

Uno de los datos más reveladores del sistema actual es el alto nivel de privatización. Alrededor del 90 % de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran en instalaciones administradas por empresas con fines de lucro, según Freedom for Immigrants.

Esto significa que la mayoría de los migrantes detenidos no están en centros gestionados directamente por el Estado, sino en espacios operados por compañías privadas que reciben pagos diarios por cada persona alojada.

Dos nombres concentran gran parte de este mercado: GEO Group y CoreCivic.

Ambas empresas han firmado contratos federales durante años para gestionar centros de detención migratoria en distintos estados del país.

Para estas compañías, la detención no es un servicio aislado, sino un negocio continuo que depende de la cantidad de personas retenidas y del tiempo que permanecen bajo custodia.

Un modelo de ingresos que depende del encierro

Cada cama ocupada representa ingresos garantizados. El gobierno paga montos fijos diarios por persona detenida, lo que convierte la ocupación constante en un objetivo financiero clave.

Tras masivas deportaciones de parte de Donald Trump en Estados Unidos se ha descubierto que empresas lucran con estas políticas.

Estas son las empresas que presuntamente se están enriqueciendo https://t.co/0LPoAz5X0f #EEUU #Trump #deportación pic.twitter.com/Z5lDO49ODE

— Once Noticias (@11_Noticias) April 29, 2025

Empresas lucran con las políticas de Trump

En 2022, GEO Group reportó más de mil millones de dólares en ingresos provenientes de contratos con ICE. Esa cifra representó cerca del 44 % de sus ingresos totales del año.

CoreCivic, por su parte, obtuvo aproximadamente el 30 % de sus ingresos anuales de contratos similares, lo que evidencia la fuerte dependencia de estas empresas del sistema migratorio.

Esta relación directa entre detención y ganancias ha despertado preocupaciones sobre posibles incentivos para ampliar la capacidad de encierro o prolongar las estadías.

Más detenciones, más negocio

Las cifras recientes refuerzan esa preocupación. A mediados de 2025, más de 56 mil personas se encontraban detenidas bajo custodia de ICE, el número más alto desde 2019, según datos publicados por KBPS.org.

Este aumento implica un mayor uso de centros privados, más contratos de transporte y más servicios auxiliares financiados con fondos públicos.

Foto – Tia Dufour – U.S. Department of Homeland Security – Dominio Público

En palabras de organizaciones civiles, el sistema termina funcionando como una maquinaria que necesita personas detenidas para seguir operando de forma rentable.

Además, el crecimiento del presupuesto de ICE en años recientes ha facilitado la expansión de este modelo, incluyendo contratos con cláusulas que garantizan pagos incluso cuando las instalaciones no están completamente llenas.

Críticas por condiciones y trabajo mal pagado

Uno de los puntos más polémicos del “complejo industrial de la deportación” son las condiciones dentro de los centros. Defensores de derechos humanos han denunciado problemas sanitarios, falta de atención médica adecuada y supervisión limitada.

También se han documentado esquemas laborales donde personas detenidas realizan tareas de limpieza, cocina o mantenimiento por apenas “un dólar al día”, muy por debajo del salario mínimo.

Para los críticos, este modelo combina encierro, lucro y mano de obra barata, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan procesos migratorios complejos.

Estas prácticas han generado demandas legales y llamados a revisar el papel de las empresas privadas en la política migratoria.

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Un debate que va más allá de la frontera

Hablar de deportaciones en Estados Unidos no es solo hablar de leyes o seguridad. Es también analizar cómo el dinero público alimenta un sistema donde el encierro se convierte en negocio.

El uso del término “complejo industrial de la deportación” busca justamente visibilizar esa intersección entre política pública y lucro privado.

Foto – Tia Dufour – U.S. Department of Homeland Security – Dominio Público

La pregunta central sigue abierta: ¿puede un sistema basado en ganancias priorizar los derechos humanos?

Mientras el debate continúa, los números muestran que la deportación, además de ser una política, también es un negocio multimillonario.