Acusan al gobernador de Colorado por presunta colaboración con ICE

Demandado gobernador de Colorado

Acusado de colaborar con ICE

Riesgo legal para empleados

Según informa la agencia EFE, un alto funcionario del estado de Colorado demandó al gobernador Jared Polis por supuestamente ordenar la entrega de datos personales de inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en aparente violación de las leyes estatales vigentes.

La demanda fue presentada este jueves ante el Tribunal de Distrito de Denver y alega que el gobernador instruyó a empleados públicos a facilitar información sin orden judicial.

En concreto, se señala que en abril de 2025, Polis habría dado instrucciones directas a Scott Moss, director de la División de Normas y Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado.

También se menciona que otros funcionarios estatales habrían recibido la misma indicación.

Entrega de datos sin orden judicial

Gobernador de Colorado demandado FOTO: SHUTTERSTOCK

Según la querella, esta acción permitió que ICE accediera a información personal de decenas de inmigrantes, posiblemente muchos más.

Todo esto se habría hecho como respuesta a una “citación administrativa”, es decir, sin mediación judicial.

La legislación estatal prohíbe explícitamente compartir datos personales con autoridades federales de inmigración sin orden de un juez.

Estas normas protegen a personas en proceso de deportación, así como a sus familias y contactos cercanos.

Gobernador de Colorado contradice nueva ley

Gobernador de Colorado demandado FOTO: SHUTTERSTOCK

El caso adquiere mayor gravedad porque el 23 de mayo entró en vigor una nueva ley estatal, la SB25-276, que refuerza esas protecciones.

La demanda indica que apenas una semana antes, el 24 de abril, Polis habría ordenado dicha cooperación, en contradicción con lo estipulado en la nueva norma.

La citación de ICE estaría relacionada con una investigación sobre menores extranjeros no acompañados.

El objetivo declarado sería verificar que estos niños estuvieran recibiendo el cuidado adecuado.

Empleados públicos expuestos a sanciones

Gobernador de Colorado demandado FOTO: SHUTTERSTOCK

No obstante, incluso en contextos administrativos, la ley exige una orden judicial para entregar esos registros.

El documento judicial subraya que esta intervención del gobernador pone en riesgo a los empleados públicos involucrados.

Estos podrían enfrentarse a sanciones legales, incluyendo multas de hasta 50.000 dólares y despidos.

Por ello, los demandantes han solicitado medidas cautelares para evitar tales consecuencias.

Polis defiende su colaboración con ICE

Acusan a gobernador de Colorado de violar ley FOTO: SHUTTERSTOCK

También piden que el gobierno del estado asuma los costos legales derivados del proceso.

En respuesta, la oficina del gobernador difundió un comunicado defendiendo la legalidad y legitimidad de sus acciones.

“Estamos comprometidos con colaborar en investigaciones criminales cuando se trata de proteger a menores víctimas de trata o abuso”, señala el comunicado oficial.

La oficina de Polis afirma que se trató de una investigación criminal, no simplemente administrativa.

Gobernador de Colorado bajo presión migratoria

Según la nota, “asistir en estas investigaciones no solo es legal, sino también un deber moral”.

“Es esencial generar y compartir registros para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Colorado, especialmente la de los niños”, concluye el texto.

El caso ha despertado tensión debido a los antecedentes políticos del estado frente al tema migratorio.

Colorado fue incluido en la lista del presidente Donald Trump de jurisdicciones “santuario”.

Posibles repercusiones legales y nacionales

Esto implicaba la posibilidad de sanciones federales por limitar la cooperación con ICE.

La nueva demanda podría reabrir el debate sobre el papel del estado en la protección de comunidades inmigrantes.

También plantea interrogantes sobre los límites legales de la colaboración entre gobiernos estatales y autoridades federales.

Los activistas migratorios locales han expresado su preocupación por las posibles violaciones a la privacidad y los derechos civiles.