Cierre del gobierno deja a familias sin ayuda para pagar luz y gas en invierno

El cierre del gobierno impide liberar fondos federales para asistencia energética.

Millones de familias podrían perder acceso a electricidad o calefacción justo antes del invierno.

Autoridades y organizaciones piden suspender los cortes de servicio hasta que regresen los recursos.

Con el invierno acercándose y sin un acuerdo en el Congreso, millones de familias en Estados Unidos enfrentan el riesgo de quedarse sin ayuda para pagar luz y gas.

El estancamiento político ha frenado la liberación de recursos del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), que ayuda a costear las facturas de electricidad y gas natural.

La Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA) advirtió que la falta de acción del gobierno podría dejar a millones de hogares sin calefacción ni electricidad en los meses más fríos del año.

Por eso, el organismo solicitó a las empresas de servicios públicos suspender los cortes de suministro por falta de pago hasta que los fondos sean restablecidos.

Los fondos federales siguen bloqueados

Debido al cierre del gobierno, los estados no han recibido los fondos federales destinados a los programas de asistencia energética.

Esta demora afecta directamente a familias de bajos ingresos que dependen del apoyo para mantener el servicio eléctrico y el gas en funcionamiento.

Según datos de NEADA, cerca de 21 millones de hogares están atrasados en sus facturas de luz y gas, y los cortes de energía aumentaron de 3 millones en 2023 a 3.5 millones en 2024, con una proyección de 4 millones en 2025 si la situación continúa.

Además, los costos energéticos aumentaron casi un 8 % este año, lo que complica aún más la posibilidad de ponerse al día.

El impacto del retraso en la ayuda para pagar luz y gas

El retraso en la ayuda para pagar luz y gas está obligando a muchas familias a tomar decisiones difíciles: pagar el recibo o comprar alimentos.

En palabras de Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA, “ninguna familia debería verse obligada a elegir entre calefacción y comida debido a un retraso en la financiación federal”, según una nota de The Sun.

Este escenario se agrava para los trabajadores federales que están sin sueldo durante el cierre.

Por eso, 53 representantes estadounidenses, encabezados por Don Beyer (D-Virginia), enviaron una carta a las empresas de servicios públicos pidiendo suspender las multas por pagos atrasados y los cortes de suministro.

La medida busca proteger a empleados y contratistas federales que están siendo afectados por la falta de recursos.

Efectos en la comunidad latina y familias de bajos ingresos

La mayoría de los consumidores verán aumentar aún más sus facturas de electricidad. Un nuevo estudio de @amprog y @NRDC revela que el 65% de clientes en 49 estados y DC enfrentarán un aumento en sus tarifas de electricidad dentro de dos años. https://t.co/bVbrsZtKRZ

— CAP en Español (@CAPespanol) October 27, 2025

Las familias hispanas y de bajos ingresos son especialmente vulnerables ante el aumento de las facturas de luz y gas y la falta de apoyo estatal.

En muchos hogares latinos, los salarios apenas alcanzan para cubrir renta, alimentos y transporte, por lo que la falta de asistencia energética puede provocar interrupciones de servicios básicos justo cuando más se necesita calefacción.

En regiones del noreste y del medio oeste, donde el invierno es más severo, el riesgo de cortes puede ser crítico.

Qué sigue para los programas de asistencia energética

La NEADA y los representantes estatales insisten en que las compañías deben pausar los cortes de energía y gas hasta que el Congreso libere los recursos bloqueados.

Si no se restablecen los fondos federales en las próximas semanas, millones de familias podrían enfrentar el invierno sin electricidad ni calefacción.

La prioridad ahora es garantizar que los programas de ayuda para pagar luz y gas vuelvan a operar con normalidad.

Sin un acuerdo político que reactive el financiamiento, el número de cortes seguirá aumentando y las familias más vulnerables pagarán el precio más alto del cierre gubernamental.