Greg Abbott pone contra la pared a Houston por política migratoria

Abbott presiona a Houston

Fondos en riesgo

ICE genera conflicto

Houston, la ciudad más poblada de Texas, estudia dar marcha atrás a recientes restricciones sobre cooperación policial con autoridades migratorias.

La decisión surge tras presiones directas del gobernador Greg Abbott, quien amenazó con retirar más de 100 millones de dólares en fondos estatales.

El alcalde demócrata John Whitmire convocó una sesión especial del consejo municipal para este viernes con el objetivo de eliminar las directrices aprobadas.

La medida ha generado un choque entre autoridades estatales y locales, así como entre organizaciones de derechos civiles y funcionarios conservadores.

Houston da marcha atrás tras presión de Abbott por ICE

Houston Mayor @whitmire_john, a Democrat, said the city was in a “crisis situation” after Gov. @GregAbbott_TX threatened to withdraw $110 million in state funds over changes to the city’s Immigration and Customs Enforcement laws.

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— Washington Examiner (@dcexaminer) April 14, 2026

El gobernador Greg Abbott advirtió que retirará financiamiento clave para seguridad pública en Houston.

La cifra supera los 100 millones de dólares destinados a servicios esenciales.

Esto incluye al Departamento de Policía y al cuerpo de Bomberos de la ciudad.

El alcalde Whitmire calificó la posible pérdida como una “crisis” para la seguridad.

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La advertencia llega a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

Houston será una de las sedes del evento internacional.

La administración local considera que perder recursos en este contexto sería crítico.

Por ello, Whitmire impulsa revertir las restricciones recientemente aprobadas.

Directrices limitan colaboración con ICE

Las nuevas normas fueron aprobadas por el consejo municipal la semana pasada.

Estas prohíben extender detenciones policiales más allá de lo necesario.

El objetivo es evitar retenciones únicamente para facilitar arrestos por parte de ICE.

La medida aplica en situaciones como paradas de tráfico.

Busca limitar la participación indirecta de la policía local en procesos migratorios.

Sin embargo, autoridades estatales consideran que esto viola la ley SB4.

Dicha ley prohíbe medidas que limiten “materialmente” la cooperación con ICE.

El fiscal general Ken Paxton respalda la postura del gobernador.

Debate legal y derechos civiles en el centro

Organizaciones como la ACLU defienden la legalidad de las directrices.

Aseguran que las normas están dentro del marco estatal y nacional.

Según su postura, la policía solo puede retener personas con orden judicial.

Esto debe cumplir con la Constitución de Estados Unidos.

La ACLU sostiene que la ordenanza aclara estos límites.

A nivel nacional, ciudades como Los Ángeles han adoptado medidas similares.

También lo han hecho Nueva York y Chicago durante décadas.

Estas políticas buscan fomentar la confianza entre comunidades y autoridades.

Sus defensores argumentan que mejora la denuncia de delitos.

El caso de Houston refleja una tensión persistente en Estados Unidos.

Se enfrentan políticas locales de protección comunitaria con leyes estatales restrictivas.

El desenlace dependerá de la votación en el consejo municipal este viernes.

La decisión podría redefinir el enfoque migratorio en la ciudad.