El Gobierno de Trump demanda a Chicago por dificultar las tareas de deportación

• EE.UU. demanda a Chicago e Illinois
• Trump critica leyes de ciudades santuario
• Migrantes cometen menos crímenes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois.

La acusación señala que ambas jurisdicciones obstaculizan las labores de las autoridades de migración.

El Gobierno de Donald Trump busca revocar y declarar inconstitucionales las disposiciones que protegen a los indocumentados.

Es la primera acción legal de la Administración Trump contra un gobierno local en su ofensiva contra las «ciudades santuario».

Trump y republicanos rechazan leyes que limitan cooperación migratoria

El Departamento de Justicia cuestiona leyes estatales y locales que prohíben la colaboración con agentes de migración.

También critica las limitaciones en el intercambio de información sobre migrantes con el gobierno federal.

Republicanos y el presidente Trump han condenado estas políticas, argumentando que interfieren con la ley migratoria.

El Gobierno sostiene que las ciudades santuario protegen a inmigrantes que representan una «amenaza para la seguridad nacional».

El documento judicial afirma que estas políticas permiten que indocumentados convivan con ciudadanos inocentes, generando riesgos.

Trump ha insistido en calificar a los migrantes sin estatus legal como «criminales», una narrativa rechazada por activistas.

Defensores de las ciudades santuario argumentan que estas políticas fortalecen la confianza entre la policía y las comunidades migrantes.

Aseguran que permiten a los migrantes denunciar delitos sin temor a la deportación.

Legalmente, la presencia indocumentada en EE.UU. no es un delito penal, sino una falta civil.

Sin embargo, el cruce ilegal de la frontera o el reingreso tras una deportación son tipificados como delitos.

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Estudios, como una investigación de la Universidad de Stanford, indican que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes.

Los hallazgos contradicen la narrativa de que la inmigración indocumentada incrementa la criminalidad en EE.UU.

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