Inmigrante con green card regresó de vacaciones después de 23 años en EE. UU. y el ICE ya lo esperaba

• ICE detiene a residente legal
• Arresto tras regresar de vacaciones
• Familia busca apoyo financiero

Según informa newsweek, Un inmigrante filipino con residencia permanente en Estados Unidos fue detenido por autoridades migratorias al regresar de unas vacaciones en las Bahamas.

Sonny Lasquite, residente legal con Green Card desde hace más de dos décadas, fue arrestado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 28 de julio en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte.

La detención se debió a una alerta en el sistema federal vinculada a un caso de narcóticos de 2012, según registros revisados por Newsweek.

Actualmente, Lasquite permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención Stewart, en el condado de Stewart, Georgia.

Un residente de largo plazo

De acuerdo con su familia, Lasquite ha vivido en Estados Unidos durante 23 años, trabajando como camarero de banquetes en Las Vegas.

En 2012, fue procesado en el Distrito Sur de Nueva York por posesión y distribución de sustancias controladas de la Lista IV, como diazepam y alprazolam.

Los registros judiciales señalan que asumió responsabilidad inmediata y colaboró con el gobierno para identificar a cómplices, lo que derivó en arrestos y procesamientos adicionales.

El exfiscal federal Preet Bharara reconoció en 2014 su cooperación, afirmando que había asumido riesgos y que merecía una sentencia proporcionalmente menor que otros acusados.

Sentencia cumplida y nueva vida

El tribunal lo condenó al tiempo cumplido, sin prisión adicional, y le impuso una multa de 200 dólares.

Desde entonces, Lasquite no ha tenido problemas con la ley y ha llevado una vida tranquila y orientada a su comunidad, según sus allegados.

Su familia y amigos afirman que es el principal sostén económico y emocional de su madre anciana.

El arresto ha afectado gravemente la salud de la mujer, mientras que en detención se denuncia que Lasquite ha sufrido retrasos en el acceso a su medicación y atención médica.

Campaña para su defensa legal

El sábado, sus allegados lanzaron una campaña en GoFundMe para recaudar 30.000 dólares destinados a su defensa legal y gastos esenciales.

Hasta el lunes, la iniciativa había reunido cerca de 11.600 dólares gracias a 56 donaciones.

En la página de recaudación, la organizadora Vivian Hirano describe a Lasquite como un hombre generoso, trabajador y siempre dispuesto a ayudar.

«Sonny es más que un nombre: es un hijo, hermano, tío y amigo que ha tocado innumerables vidas», señala el mensaje de Hirano.

Un caso que refleja un problema mayor

Expertos en inmigración advierten que casos como el de Lasquite no son nuevos.

La abogada Rosanna Berardi explicó a Newsweek que los residentes permanentes legales siguen siendo vulnerables a procedimientos de deportación por ciertos delitos relacionados con drogas, sin importar el tiempo transcurrido desde la condena.

Berardi recomendó que los residentes permanentes soliciten la ciudadanía tan pronto como puedan, para evitar riesgos legales como la deportación.

El caso también ha reavivado el debate sobre las consecuencias de condenas antiguas y el impacto en familias que dependen de estos inmigrantes para su sustento.

Respuesta oficial

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, negó que ICE detenga a inmigrantes sin antecedentes.

En declaraciones recientes, afirmó que algunos líderes estatales están «obstruyendo la salida de delincuentes peligrosos» y defendió las acciones de las autoridades federales.

Sin embargo, la familia de Lasquite insiste en que su caso es distinto, dado que cumplió su sentencia y ha vivido sin incidentes legales durante más de una década.

La defensa busca frenar su deportación, argumentando que su expulsión tendría un impacto humanitario severo en su madre y comunidad.

Lo que sigue

El caso permanece abierto mientras Lasquite continúa bajo custodia.

Sus opciones legales se ven limitadas por leyes migratorias que catalogan ciertas condenas por sustancias controladas como causales de deportación obligatoria.

Su familia espera que la recaudación de fondos y la presión pública ayuden a mejorar sus posibilidades de permanecer en Estados Unidos.

«Sonny ha pagado su deuda con la sociedad y merece seguir con su vida aquí, donde ha construido su hogar y su familia», concluyó Hirano.