Juez frena deportaciones de venezolanos y obliga al gobierno de Trump a garantizar audiencias

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Un juez federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump otorgar audiencias a cerca de 200 venezolanos deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La decisión judicial señala que las expulsiones se realizaron sin respetar el debido proceso, un derecho protegido por la Constitución de Estados Unidos.

Los migrantes fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en marzo pasado, sin aviso previo ni oportunidad de defenderse ante un juez.

El fallo representa un nuevo revés legal para la estrategia migratoria aplicada por la administración Trump en este caso específico.

El plazo impuesto al Ejecutivo

El juez James Boasberg dio plazo hasta el 5 de enero para que el gobierno presente un plan que permita a los migrantes regresar a Estados Unidos.

Otra opción ordenada por la corte es que se les garantice una audiencia para impugnar su expulsión ante un tribunal migratorio.

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El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que abre la puerta para que todos los venezolanos afectados impugnen su designación como enemigos extranjeros.

Esta certificación amplía el alcance del fallo y consolida el caso como un precedente relevante en materia de derechos migratorios.

La ley invocada y sus cuestionamientos

Para justificar las deportaciones, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma utilizada históricamente en tiempos de guerra.

Bajo esa ley, el gobierno acusó a los venezolanos de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal señalada como terrorista.

Sin embargo, la corte subrayó que no se presentaron pruebas individuales que sustentaran dichas acusaciones.

“Este Tribunal declara que los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron”, escribió Boasberg en su dictamen.

El debido proceso en el centro del fallo

El juez sostuvo que las deportaciones ocurrieron “prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión”.

Añadió que esa práctica constituye una “clara contravención de sus derechos al debido proceso”, según el texto judicial.

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward.

Ambas organizaciones argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los migrantes a cambio de un pago.

📍 Juez ordena audiencias para venezolanos deportados por Trump a prisión en El Salvadorhttps://t.co/DbxWWsl5Aj pic.twitter.com/Ao5KMqJg7C

— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) December 23, 2025

El hábeas corpus y las advertencias del juez

Boasberg también defendió la vigencia del hábeas corpus como recurso legal fundamental frente a expulsiones aceleradas.

“No se puede permitir que la expulsión acelerada deje sin efecto este recurso legal”, afirmó el magistrado.

El juez advirtió que, de lo contrario, “el Gobierno podría secuestrar a cualquiera en la calle” y evitar cualquier revisión judicial.

Estas afirmaciones refuerzan el tono crítico del fallo contra las acciones del Ejecutivo.

Antecedentes y nuevas investigaciones

El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio a la administración Trump por presuntas violaciones al debido proceso.

Tras meses de presión de familiares, los venezolanos fueron enviados a su país natal en julio pasado mediante un intercambio entre EE.UU. y el gobierno de Nicolás Maduro.

Boasberg también investiga si funcionarios del gobierno ignoraron una orden judicial previa que prohibía los vuelos de deportación.

En noviembre, el juez anunció que llamaría a declarar a funcionarios del Departamento de Justicia vinculados al caso.

U.S. District Judge James Boasberg has ordered the Trump administration to facilitate hearings for more than 100 individuals in Venezuela, holding that they were deported without due process earlier this year. pic.twitter.com/HeLfXo8Qzy

— NTD News (@NTDNews) December 23, 2025

Un pulso judicial aún abierto

En una opinión previa de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de actuar con “completo menosprecio” a las órdenes judiciales.

“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales”, escribió Boasberg en un fallo anterior.

El conflicto legal se suma a otro caso similar, el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado y luego retornado por orden judicial.

Ambos procesos mantienen abierta la disputa legal sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, detalló ‘EFE’.