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Juez permite compartir datos de Medicaid con agentes migratorios y reaviva el debate sobre privacidad

Una decisión judicial permite compartir información con autoridades migratorias y reactiva el debate sobre privacidad y acceso a la salud.
2026-01-06T18:45:16+00:00
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Medicaid y agentes migratorios compartirán datos/Foto: Shutterstock
  • Medicaid y agentes migratorios
  • Datos médicos bajo disputa
  • Temor entre inmigrantes

Un juez federal autorizó que una agencia de salud de Estados Unidos retome el intercambio limitado de datos de Medicaid con autoridades de deportación, una decisión que ha generado preocupación entre estados, defensores de inmigrantes y organizaciones de derechos civiles.

El fallo representa un revés parcial para 22 estados que habían demandado a la administración Trump por considerar que esta política vulnera la privacidad de millones de personas inscritas en programas de salud.

Aunque la decisión no avala un acceso total a los registros, sí abre la puerta a que cierta información personal vuelva a circular entre agencias federales.

El caso se da en el contexto de una ofensiva migratoria más amplia impulsada por la Casa Blanca, que involucra a múltiples dependencias del gobierno federal.

Qué autorizó el juez y qué sigue bloqueado

Medicaid y agentes migratorios
Medicaid y agentes migratorios compartirán datos de pacientes-Foto: Shutterstock

El juez federal Vince Chhabria, con sede en San Francisco, determinó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) puede reanudar el intercambio de “información biográfica básica, de ubicación y de contacto” de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

En su resolución, Chhabria sostuvo que este intercambio “está claramente autorizado por la ley” y que las agencias federales justificaron adecuadamente su decisión.

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Sin embargo, el juez estableció límites claros: no se pueden compartir datos médicos sensibles ni información de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales en los estados demandantes.

Además, mientras el litigio continúa, el acceso de las autoridades migratorias a los registros seguirá siendo parcial y supervisado.

El origen de la disputa judicial

La demanda de los estados surgió tras un informe de Associated Press que reveló acuerdos no anunciados públicamente para compartir datos de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.

En agosto, Chhabria había bloqueado temporalmente ese intercambio, prohibiendo incluso la entrega de direcciones de domicilio.

Además, en diciembre, el juez extendió la orden, argumentando que las políticas federales eran “totalmente poco claras” sobre el alcance y los riesgos del uso de la información.

Ahora, tras el vencimiento de esa orden el 5 de enero, el juez permitió un intercambio reducido, pero mantuvo las restricciones más sensibles.

Medicaid, inmigración y zonas grises legales

La ley federal prohíbe que inmigrantes indocumentados se inscriban en Medicaid regular, pero obliga a los estados a ofrecer Medicaid de emergencia.

Este programa cubre únicamente servicios de vida o muerte en salas de urgencias, sin importar el estatus migratorio del paciente.

Medicaid es financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal, lo que complica la gestión y el control de los datos.

En junio, el HHS compartió por primera vez información personal de millones de inscritos en algunos estados, y en julio el CMS firmó un acuerdo que permitía acceso diario a datos de hasta 77 millones de personas.

Temores, críticas y el contexto político

Defensores de inmigrantes advierten que esta política puede generar miedo entre familias que necesitan atención médica urgente.

Señalan que la posibilidad de que datos personales lleguen a manos de agentes migratorios podría disuadir a personas de buscar ayuda para ellos o sus hijos.

“Escuelas, iglesias y hospitales empiezan a sentirse inseguros”, alertan organizaciones civiles, en referencia al clima creado por la represión migratoria.

El CMS ha defendido la medida, afirmando que es “consistente con las leyes federales” y busca “avanzar en las prioridades de la administración relacionadas con la inmigración”.

Privacidad y salud pública

La decisión se suma a otros intentos del gobierno de Trump por facilitar el intercambio de datos, como el fallo de mayo que permitió al IRS compartir información fiscal con ICE.

Mientras tanto, el debate sobre privacidad, salud pública y control migratorio sigue abierto, con consecuencias que podrían sentirse mucho más allá de los tribunales, detalló el medio de ‘Audacy‘.

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