Jueza respalda a Trump en el uso de ley de guerra para expulsar migrantes venezolanos
Publicado el 05/14/2025 a las 11:02
- Jueza respalda expulsiones de Trump
- Migrantes enviados a prisión salvadoreña
- Ley de 1798 causa polémica
Una jueza federal en Pensilvania ha generado controversia al respaldar el uso de una ley de tiempos de guerra para expulsar migrantes venezolanos del territorio estadounidense.
La decisión representa la primera victoria judicial del expresidente Donald Trump en su controvertida aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798.
Esta ley, rara vez utilizada en la historia moderna del país, ha sido activada por la administración Trump para deportar a más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
La jueza Stephanie Haines, del distrito oeste de Pensilvania, determinó que el Gobierno tiene facultades para continuar con las expulsiones bajo dicha norma siempre que se notifique a los migrantes con al menos 21 días de antelación y se respete el “debido proceso”.
Jueza respalda uso de ley de guerra para expulsar migrantes
Además, Haines validó la justificación del Ejecutivo al argumentar que el Tren de Aragua representa una amenaza para la “seguridad pública” de Estados Unidos, según lo ha reconocido el propio Departamento de Estado.
“Esta es una decisión que marca un precedente inédito en materia migratoria y de seguridad nacional”, señaló un analista consultado por EFE.
Sin embargo, otros jueces en jurisdicciones como Texas y Nueva York han fallado en sentido contrario, cuestionando la constitucionalidad de utilizar una ley pensada para tiempos de guerra contra migrantes.
La polémica escaló tras conocerse que, en marzo, Estados Unidos trasladó a más de 230 migrantes —en su mayoría venezolanos— al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
La prisión es notoria por múltiples denuncias de abusos a los derechos humanos, incluyendo tratos crueles y condiciones inhumanas.
La administración Trump defendió la medida asegurando que los migrantes formaban parte del Tren de Aragua, considerado por Washington como una “banda criminal transnacional” y una organización “terrorista”.
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Sin embargo, medios como Bloomberg reportaron que el 90 % de los deportados no tienen antecedentes penales ni nexos comprobables con el crimen organizado.
Pese a la gravedad del traslado, no se ha informado de nuevos vuelos programados a El Salvador, y la situación legal permanece en disputa.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) solicitó al Tribunal Supremo que revise la legalidad del proceder del gobierno.
“Estamos hablando de una violación flagrante a los principios constitucionales”, advirtió la organización en un comunicado.
Como parte del acuerdo entre Washington y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, EE.UU. se comprometió a pagar seis millones de dólares anuales para apoyar el sistema penitenciario de ese país.
Los términos exactos del convenio no han sido divulgados públicamente.
En medio del debate legal, el Tribunal Supremo suspendió temporalmente las expulsiones mientras se resuelven las múltiples demandas interpuestas en instancias judiciales inferiores.
Grupos de derechos humanos continúan denunciando el uso de cárceles extranjeras como una táctica para evadir los estándares legales y humanitarios vigentes en Estados Unidos.
“No se puede permitir que una ley escrita en el siglo XVIII se utilice hoy como herramienta de persecución”, indicó un vocero de Human Rights Watch.
La resolución final del caso podría tener un impacto duradero sobre la política migratoria estadounidense y el futuro de miles de migrantes que buscan asilo.
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FUENTE: EFE
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