Florida reclama castigo a cruceros por operar en muelle expropiado por el régimen cubano
Publicado el 11/25/2025 a las 18:53
- Cruceros enfrentan sanciones millonarias
- Florida exige fallo estricto
- Disputa legal por muelle
Segun informa El nuevodiario, Un grupo de congresistas de Florida solicitó este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenga el castigo impuesto a cuatro líneas de crucero acusadas de lucrar mediante el uso de un muelle en Cuba confiscado a la empresa Havana Docks.
El legislador republicano Mario Díaz-Balart encabezó la presentación de un amicus brief bipartidista para pedir al máximo tribunal que aplique plenamente el Título III de la Ley Helms-Burton.
Dicha ley permite a personas perjudicadas por la confiscación de propiedades por parte del Gobierno de Cuba demandar a compañías que hayan utilizado o se hayan beneficiado de esos bienes considerados “robados”.
El caso involucra acusaciones contra las matrices de Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC por supuestamente obtener ganancias mediante el transporte de pasajeros hacia el muelle confiscado en la isla.
Cruceros acusados de lucrar con propiedad confiscada
Congresistas de Florida piden al Supremo castigar a cruceros que usaron un muelle de Cuba https://t.co/G0YG2rjXWk
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) November 25, 2025
lass=»yoast-text-mark» />>Las demandas señalan que, entre 2015 y 2019, estas compañías habrían obtenido ingresos significativos por embarcar a casi un millón de turistas en los terrenos pertenecientes originalmente a Havana Docks.
Los barcos atracaban en instalaciones que, de acuerdo con las denuncias, fueron expropiadas tras la revolución cubana de 1959 y utilizadas posteriormente sin compensación a sus propietarios legítimos.
Según información presentada ante tribunales inferiores y citada por Díaz-Balart, las compañías de cruceros obtuvieron más de 1.000 millones de dólares por los viajes realizados en ese periodo.
El comunicado también destaca que el Gobierno cubano recibió más de 130 millones de dólares en tarifas e impuestos pagados por las navieras.
Ley Helms-Burton como base del proceso
Los congresistas afirman que estos pagos muestran que tanto las compañías como el régimen cubano obtuvieron beneficios económicos mediante el uso de una propiedad que, alegan, fue confiscada de manera ilegítima.
Díaz-Balart señaló que la Ley Helms-Burton fue diseñada precisamente para responsabilizar al régimen cubano por las confiscaciones y para ofrecer una vía de justicia a quienes perdieron bienes durante ese proceso.
La legislación, conocida también como Ley Libertad, fue aprobada en 1996, pero el Título III había permanecido sin efecto durante más de dos décadas.
No fue hasta mayo de 2019, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, cuando se activó dicho título como parte de su política de presión hacia La Habana.
Fallo federal y posterior apelación
A raíz de esta activación, los propietarios de bienes confiscados pudieron presentar demandas en tribunales estadounidenses contra empresas que supuestamente se beneficiaron de ellos.
En diciembre de 2022, una corte federal ordenó a Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC pagar cerca de 440 millones de dólares por varias demandas relacionadas con el muelle en cuestión.
Esa decisión representó una de las mayores sanciones económicas impuestas en virtud del Título III desde que la medida entró en vigor.
Sin embargo, el proceso legal dio un giro importante cuando un tribunal federal de apelaciones con sede en Atlanta revirtió el fallo en 2024.
Disputa por la vigencia de Havana Docks
El tribunal argumentó que la concesión otorgada originalmente a Havana Docks para operar el muelle había expirado en 2004, lo que, según su interpretación, anulaba los argumentos de confiscación prolongada.
Esa decisión redujo temporalmente la presión legal sobre las compañías de crucero acusadas, lo que generó reacción inmediata entre legisladores de Florida.
Muchos de ellos representan a comunidades con un alto número de cubanoamericanos que consideran la restitución de bienes confiscados como una causa histórica de justicia.
Por ello, sostienen que la Ley Helms-Burton no establece un límite temporal sobre la vigencia de las reclamaciones presentadas por los propietarios originales.
Congresistas insisten en aplicar la Ley Helms-Burton
Los congresistas insisten en que el objetivo de la ley es garantizar que quienes fueron afectados por las confiscaciones cuenten con un recurso legal para reclamar daños.
En ese sentido, buscan que la Corte Suprema revierta la decisión del tribunal de Atlanta y restablezca la sentencia que imponía sanciones a las compañías de crucero.
El amicus brief liderado por Díaz-Balart subraya que permitir que el fallo de apelación permanezca sin cambios debilitaría la capacidad del Congreso de hacer cumplir la ley.
Los legisladores recalcan que su posición responde a la necesidad de asegurar justicia a los propietarios que perdieron bienes tras las medidas adoptadas por el régimen cubano.
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