Fiscalía de Trump demanda a seis estados demócratas por padrones electorales
Publicado el 09/25/2025 a las 17:54
- Trump demanda a seis estados
- Debate por padrones electorales
- Choque legal sobre privacidad
Según informa la agencia EFE, El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, presentó este jueves una serie de demandas federales contra seis estados gobernados por demócratas, intensificando la batalla legal por el acceso a los padrones electorales.
La acción se dirige contra California, Michigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania, acusados de no entregar las listas completas de votantes cuando fueron solicitadas por las autoridades federales.
La semana pasada el DOJ ya había emprendido una medida similar contra Maine y Oregón, también bajo control demócrata, en un esfuerzo coordinado por obtener registros electorales a nivel nacional.
Según el Departamento de Justicia, los estados incumplieron con la obligación de compartir información detallada de sus votantes, que incluye nombres, fechas de nacimiento, números de licencias de conducir y números parciales de Seguro Social.
Trump exige padrones electorales completos
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— Correo del Sur (@correodelsurcom) September 25, 2025
Bondi argumentó que la falta de estos datos impide determinar si las entidades cumplen con la Ley de Ayuda a Estados Unidos a Votar, legislación que exige el mantenimiento adecuado y actualizado de las listas electorales.
“Las listas de votantes limpias son la base de unas elecciones libres y justas”, señaló la fiscal en un comunicado difundido el jueves.
La fiscal también advirtió que aquellos estados que no garanticen registros precisos, accesibles y seguros serán llevados a los tribunales sin excepción.
El DOJ sostiene que esta información es esencial para prevenir fraudes y reforzar la confianza en el sistema electoral estadounidense.
Estados demócratas rechazan entregar información
Sin embargo, los secretarios de estado de las entidades demandadas han expresado serias preocupaciones respecto al uso que se dará a los datos solicitados.
La secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, planteó públicamente sus dudas sobre la capacidad de la administración federal para proteger la privacidad de millones de votantes.
En Oregón, el secretario Tobias Read fue más allá al acusar al presidente Donald Trump de utilizar al Departamento de Justicia como un arma política.
“Si el presidente Trump quiere usar al DOJ para perseguir a sus oponentes políticos y socavar nuestras elecciones, lo verá en los tribunales”, afirmó Read en un comunicado oficial.
Debate sobre padrones electorales y privacidad
Los críticos de estas medidas consideran que la administración podría estar buscando centralizar datos sensibles de los votantes con fines ajenos a la transparencia electoral.
Para algunos analistas, la presión sobre estados controlados por demócratas podría interpretarse como parte de una estrategia de confrontación política más amplia.
No obstante, la Casa Blanca insiste en que el objetivo es exclusivamente garantizar que los padrones estén depurados de registros duplicados o de votantes fallecidos.
Las demandas también reflejan la importancia que la administración de Trump otorga al control electoral de cara a los próximos procesos electorales.
Choque legal marca panorama electoral
La Ley de Ayuda a Estados Unidos a Votar, aprobada en 2002, busca precisamente evitar irregularidades mediante la modernización y supervisión de los sistemas de registro.
Desde su implementación, los estados han mantenido autonomía para administrar los datos, lo que ha generado fricciones con las autoridades federales en distintos momentos.
El DOJ sostiene que la negativa de los estados demandados representa una violación directa a los estándares establecidos en la normativa federal.
Los funcionarios estatales, en cambio, defienden que el derecho a la privacidad de los ciudadanos debe prevalecer sobre cualquier requerimiento del gobierno central.
Implicaciones políticas y electorales en EE.UU.
El choque legal podría derivar en una prolongada batalla judicial con repercusiones políticas y electorales significativas.
En particular, los estados implicados suelen tener un peso decisivo en los resultados de elecciones presidenciales y legislativas.
El debate sobre la privacidad frente a la seguridad electoral vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública.
Organizaciones de derechos civiles ya han manifestado preocupación por la posibilidad de que se utilicen los datos de votantes para prácticas de intimidación o discriminación.
Futuro incierto en batalla legal electoral
La tensión entre el gobierno federal y los estados también abre interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo en materia electoral.
Por ahora, los tribunales federales deberán decidir si las demandas prosperan y obligan a los estados a entregar la información requerida.
Mientras tanto, las reacciones políticas se multiplican con demócratas denunciando un ataque a la integridad del voto y republicanos respaldando la necesidad de padrones más transparentes.
El conflicto apenas comienza y promete convertirse en un nuevo episodio de la polarización política que atraviesa a Estados Unidos.
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