Iniciativa bipartidista busca estatus legal temporal frente a redadas de Trump

• Proponen ley para proteger a migrantes trabajadores sin papeles.
• Salazar y Escobar lanzan propuesta migratoria.
• Dignity Act daría permiso temporal a indocumentados.

Iniciativa bipartidista busca estatus legal temporal frente a redadas de Trump

Mientras la Administración de Donald Trump intensifica su ofensiva contra la inmigración indocumentada con redadas masivas y deportaciones, un inusual acuerdo bipartidista surgió en la Cámara de Representantes.

Las congresistas María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas) presentaron el Dignity Act of 2025.

Un proyecto de ley que otorgaría estatus legal temporal y autorización de trabajo a ciertos inmigrantes indocumentados.

Proponen ley para proteger a migrantes trabajadores sin papeles

La propuesta permitiría que inmigrantes sin papeles que hayan estado en EE.UU. desde antes de 2021 puedan solicitar un permiso legal de hasta siete años.

Siempre que cumplan con ciertos requisitos como pagar restitución económica, registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y mantener una relación laboral constante.

No contempla acceso a beneficios federales ni un camino a la ciudadanía, lo que podría facilitar su avance legislativo en un Congreso históricamente estancado en materia migratoria.

Así lo informó NBC News.

¿Qué incluye el Dignity Act y a quién beneficiaría?

A bipartisan duo is teaming up in the House to introduce a bill that would provide legal status for certain undocumented immigrants amid President Trump’s broader mass deportation efforts. https://t.co/gXXy8CvFOY

— NBC News (@NBCNews) July 15, 2025

La ley propuesta busca brindar una solución pragmática para miles de trabajadores indocumentados que forman parte esencial de industrias como la agricultura, el procesamiento de alimentos, la hotelería y la construcción.

Según sus impulsoras, no se trata de “amnistía” ni de una vía para naturalizarse, sino de una medida temporal basada en la rendición de cuentas.

• Los solicitantes del estatus legal tendrían que cumplir con lo siguiente:
• Haber residido en EE.UU. desde antes del 1 de enero de 2021
• Pagar una “restitución” económica al ingresar al programa
• Someterse a chequeos periódicos ante el DHS
• Trabajar legalmente y pagar impuestos
• Renunciar a recibir beneficios federales como Medicaid o cupones de alimentos

El permiso otorgado tendría una duración máxima de siete años. Según Salazar, “no hay atajos ni regalos; solo responsabilidad, trabajo y estabilidad para quienes ya están contribuyendo al país”.

Refuerzo fronterizo y verificación laboral obligatoria

A bipartisan duo is teaming up in the House to introduce a bill that would provide legal status for certain undocumented immigrants amid President Donald Trump’s broader mass deportation efforts. https://t.co/UX5d5RtK49

— Yahoo News (@YahooNews) July 16, 2025

Además de proteger a ciertos trabajadores, el Dignity Act of 2025 incluye provisiones para satisfacer las demandas de seguridad fronteriza, una prioridad para muchos republicanos.

El proyecto contempla el fortalecimiento de las medidas de control en la frontera sur y la implementación obligatoria de E-Verify en todo el país. Este sistema permite a los empleadores verificar si los trabajadores están autorizados legalmente para trabajar en EE.UU.

Con ello, Salazar y Escobar buscan presentar una propuesta que no solo brinde alivio a los migrantes, sino que refuerce la legalidad en la contratación laboral. También proponen que el programa sea financiado con los pagos hechos por los propios participantes y con una tasa adicional sobre la nómina.

Salazar expresó confianza en que la ausencia de un camino a la ciudadanía ayudará a destrabar el debate: “Este proyecto no ofrece amnistía. Es una vía de estabilidad económica, no de privilegios”.

¿Qué dice Trump y cuál es el contexto?

Aunque el presidente Trump ha sido el promotor de una política migratoria de “mano dura”, en semanas recientes ha sugerido que evalúa soluciones para permitir que algunos trabajadores agrícolas permanezcan en el país bajo un esquema regulado. En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que está trabajando en una fórmula donde “el agricultor tenga cierto control”.

“Lo que vamos a hacer es algo para los agricultores, para que podamos permitir que el agricultor tenga el control. Él sabe a quién contrata. No va a contratar a un asesino”, aseguró.

A pesar de estos comentarios, las acciones del gobierno federal continúan siendo agresivas. A finales de junio, una redada en dos instalaciones agrícolas en el sur de California dejó más de 200 detenidos y desató protestas y enfrentamientos con activistas.

El Departamento de Trabajo ha comenzado a rediseñar sus políticas migratorias para facilitar el acceso a visas temporales, aunque los efectos concretos aún no se perciben en terreno.

¿Tiene posibilidades reales de avanzar?

La historia legislativa sobre inmigración en EE.UU. está plagada de fracasos. Proyectos con respaldo parcial de ambos partidos han sido bloqueados en el pasado, principalmente por las diferencias entre otorgar estatus legal y garantizar seguridad fronteriza.

Sin embargo, el Dignity Act intenta romper con esa lógica binaria. Al evitar el término “amnistía” y centrarse en “responsabilidad económica” y cumplimiento de normas, la propuesta podría obtener apoyo de sectores empresariales que dependen de la mano de obra migrante, especialmente en estados rurales y agrícolas.

Aun así, los sectores más duros del trumpismo podrían rechazar cualquier concesión a los inmigrantes sin papeles, incluso si se trata de una medida temporal.

Las próximas semanas serán clave para saber si esta fórmula bipartidista logra romper el ciclo de inmovilidad legislativa.

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