Presentan demanda histórica contra Trump por redadas migratorias en Los Ángeles

• Demanda histórica en LA
• Abusos ICE denunciados
• Perfil racial ilegal

Según informa la agencia EFE, en Los Ángeles se ha desatado una batalla legal sin precedentes tras la presentación de una demanda calificada como «histórica» contra el gobierno del presidente Donald Trump.

El litigio fue presentado en el Tribunal de Distrito para el Centro de California y acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de llevar a cabo redadas migratorias ilegales y discriminatorias basadas en el perfil racial.

Con 63 páginas, la demanda describe en detalle cómo agentes federales supuestamente han “secuestrado y desaparecido” a miembros de la comunidad en operativos que abogados demandantes califican como inconstitucionales.

El documento legal acusa al DHS de detener a inmigrantes en un edificio federal de Los Ángeles en condiciones peligrosas para su salud, negándoles además el derecho fundamental a comunicarse con abogados.

Redadas migratorias ilegales y represivas

Cinco trabajadores detenidos junto con cuatro organizaciones —La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), CHIRLA y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes— figuran como demandantes.

Alegan que el gobierno de Trump arrestó y detuvo a personas de forma “arbitraria” para cumplir con cuotas de arrestos que violan las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución.

Por ello solicitan al tribunal medidas cautelares y permanentes para impedir futuras redadas y garantizar el respeto a los derechos constitucionales.

El equipo legal que presentó la querella incluye a abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) y de Public Counsel, entre otros grupos.

Demanda histórica contra Trump por redadas migratorias

Ellos buscan convertir el caso en un litigio colectivo que proteja a las personas en siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.

Mohammad Tajsar, abogado de ACLU SoCal, calificó el caso como “histórico”, subrayando que estas redadas han sido “ilegales, inmorales e inconstitucionales”.

Afirmó que “desde el 6 de junio, matones enmascarados y merodeadores han invadido Los Ángeles, aterrorizando a comunidades de color y violando la Constitución en el proceso”.

El anuncio de la demanda se realizó simbólicamente en un lavadero de autos en la ciudad de Torrance, donde ocurrió uno de los incidentes más controvertidos.

Violencia excesiva y condiciones inhumanas

El pasado 22 de junio, hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza irrumpieron en el lavadero y grabaron las escenas de la detención violenta de varios trabajadores, que luego se volvieron virales.

Enmanuel, dueño del lavadero Bubble Bath Car Wash. Relató que los agentes entraron a la fuerza en zonas restringidas como los túneles de maquinaria y usaron una violencia innecesaria contra sus empleados.

“Básicamente los trataron como criminales, sin dignidad”, señaló Enmanuel, criticando la falta de justificación para ese nivel de fuerza en Estados Unidos.

Emily Hernández, familiar de uno de los trabajadores salvadoreños detenidos, denunció entre lágrimas la incertidumbre sobre su paradero.

Perfil racial y violación de derechos

Diez días después del arresto, los familiares siguen sin saber dónde está ni tener un número de caso asignado por ICE.

“Se siente como que no importamos, como si nuestra voz no tiene valor, pero sí importamos, mi tío importa”, dijo Hernández.

Los abogados denunciaron que los arrestos se realizaron en base a perfil racial y que los detenidos están incomunicados en condiciones que violan el debido proceso.

Mark Rosenbaum, de Public Counsel, advirtió que las autoridades llevan a muchos a instalaciones federales descritas como “mazmorras” sobrepobladas. Sin acceso adecuado a comida, higiene ni atención médica.

Suspensión de redadas y acceso legal

Afirmó que el objetivo de estas tácticas draconianas es “desmantelar los derechos básicos al debido proceso” y ocultar al público el trato cruel e inhumano que reciben los detenidos. A menudo estigmatizados como criminales violentos por el color de su piel.

Los demandantes piden al tribunal que ordene la suspensión inmediata de las redadas y garantice acceso a representación legal para quienes las autoridades ya detuvieron.

Por ahora, los demandantes notificaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la demanda. Pero este advirtió que por el feriado del Día de la Independencia su respuesta se retrasará.

“La Constitución no se toma vacaciones”, enfatizó Rosenbaum. Asegurando que la demanda busca desmentir la idea de que se puede arrestar a estas personas sin órdenes judiciales ni acceso a un abogado.