Profesora de religión en Puerto Rico enfrenta cargos federales por tráfico sexual de menores

• Maestra enfrenta cargos federales
• Explotación sexual infantil denunciada
• Fiscalía promete castigo severo

Según informa la agencia EFE, una profesora de religión de 42 años en Puerto Rico enfrenta cargos federales por tráfico sexual de menores tras ser arrestada en el marco de una investigación que reveló detalles perturbadores sobre la explotación de un adolescente de 15 años.

Lizamarie Rivera, quien impartía clases de religión y tenía la responsabilidad de inculcar valores y principios a jóvenes, fue acusada formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico por delitos relacionados con tráfico sexual de menores, según anunció la Fiscalía Federal de la isla caribeña este lunes.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow subrayó en un comunicado la gravedad de los hechos que se imputan a Rivera, destacando la urgencia de perseguir con firmeza este tipo de crímenes para proteger la dignidad y la seguridad de los menores.

“Estos cargos reflejan la gravedad de la conducta que la acusada infligió a sus víctimas”, afirmó Muldrow, insistiendo en que la explotación sexual infantil es un crimen que arrebata a los niños su libertad y su sentido de seguridad.

Fiscalía Federal promete castigo ejemplar

Lizamarie Rivera-García, Female Teacher Arrested After Being Indicted for Sex Trafficking of Children in Puerto Rico

“We cannot let our guard down! Our children are being sexually exploited by individuals in positions of public trust. Law enforcement agencies are committed to… pic.twitter.com/VSOHRcDMG7

— HSI San Juan (@HSISanJuan) July 15, 2025

El fiscal hizo hincapié en que se trata de una conducta inaceptable en cualquier sociedad, por lo que el Ministerio Público y las agencias de aplicación de la ley están comprometidos a utilizar todas las herramientas disponibles para enjuiciar a los traficantes sexuales y garantizar justicia para las víctimas.

La acusación formal detalla un patrón de manipulación, seducción y coerción ejercido por Rivera entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, periodo en el cual presuntamente reclutó y transportó al menor para actos sexuales de naturaleza comercial.

De acuerdo con los documentos judiciales, la imputada no solo convenció al adolescente de participar en estas actividades sino que además usó aplicaciones de mensajería y redes sociales para planificar y coordinar los encuentros.

La investigación indica que Rivera empleó servicios digitales para transferir o intentar transferir al menor a sabiendas, manteniendo contacto frecuente mediante mensajería instantánea para facilitar el abuso.

Tráfico sexual de menores y traición de confianza

Por su parte, Rebecca C. González, agente especial a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, condenó enérgicamente los hechos y enfatizó que los niños están siendo explotados sexualmente por personas que ocupan posiciones de confianza pública.

«Las agencias del orden público están comprometidas a ser la voz de estas víctimas», afirmó González, subrayando la obligación moral y legal de proteger a los menores de cualquier forma de explotación.

La agente fue especialmente crítica al destacar la contradicción entre el rol de educadora de religión de Rivera y los delitos que se le imputan, calificando como particularmente atroz el abuso de esa posición de confianza.

«La maestra de religión que tenía la responsabilidad de orientar a nuestros niños sobre principios y creencias. En realidad estaba desarrollando un plan para agredirlos sexualmente», lamentó González, dejando en claro que no permitirán que estos delitos ocurran impunemente.

Compromiso contra explotación sexual infantil

González concluyó con un mensaje categórico: «No permitiremos que estos actos ocurran bajo nuestra vigilancia». Reafirmando el compromiso de las autoridades de perseguir con dureza los delitos de explotación sexual infantil.

El caso ha provocado gran conmoción en la comunidad local debido al perfil de la acusada y la naturaleza de los cargos. Que evidencian la vulnerabilidad de los menores ante agresores que se aprovechan de su rol de autoridad y confianza.

Además, la acusación federal subraya la intención de las autoridades estadounidenses de imponer penas severas a quienes participen en el tráfico sexual de menores. En un esfuerzo por disuadir este tipo de crímenes y garantizar justicia para las víctimas.

Los fiscales federales explicaron que este caso forma parte de una estrategia más amplia de colaboración entre agencias federales. Locales para erradicar la explotación sexual de menores en Puerto Rico, trabajando de manera coordinada con organismos de seguridad y protección infantil.

Audiencia federal y llamado a denunciar

Se espera que Rivera comparezca próximamente ante un tribunal federal, donde se definirá su situación legal mientras continúa el proceso judicial. Que podría implicar penas de prisión de larga duración en caso de ser hallada culpable.

Mientras tanto, las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa de explotación sexual infantil. Recordando que la lucha contra este delito exige la colaboración activa de toda la sociedad para proteger a los más vulnerables.

El caso de Lizamarie Rivera constituye un inquietante recordatorio del peligro que enfrentan los menores cuando personas en posiciones de autoridad traicionan la confianza. Que se les ha conferido, subrayando la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y denuncia.

En definitiva, la Fiscalía Federal y el Departamento de Seguridad Nacional reiteraron su compromiso de utilizar todos los recursos legales para perseguir a los responsables. Ofrecer a las víctimas la justicia que merecen.