Juez acusa al Gobierno de Trump de “crear caos” con deportaciones a África
Publicado el 05/27/2025 a las 19:31
- Juez acusa a Trump
- Migrantes deportados a África
- Riesgo de tortura ignorado
Según informa la agencia EFE, un juez federal en Massachusetts lanzó duras críticas contra el Gobierno de Donald Trump por lo que calificó como una violación directa de las órdenes judiciales sobre deportaciones de migrantes.
El magistrado Brian Murphy acusó a la Administración republicana de “crear el mismo caos que critican” al enviar a ocho migrantes en un vuelo a África, pese a una orden que impedía deportarlos a países donde pudieran ser torturados.
La sentencia judicial fue publicada el lunes en la noche, tras la negativa del juez a reconsiderar un recurso presentado por abogados del Gobierno para suspender el cumplimiento de la orden judicial.
Murphy reiteró que las autoridades deben evaluar a los migrantes, incluso fuera del país, para determinar si califican para protección bajo la Convención contra la Tortura.
Trump deportaciones sin garantías legales
El caso ha generado tensión entre el Ejecutivo federal y el poder judicial, alimentando un conflicto que ya acumula múltiples episodios bajo la presidencia de Trump.
Según la denuncia de varias organizaciones de derechos humanos, las autoridades transportaron a los migrantes —entre ellos dos cubanos, un mexicano, ciudadanos de Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur— sin ofrecer garantías legales claras.
El Gobierno reconoció posteriormente que el avión aterrizó en Yibuti, aunque se negó en un primer momento a confirmar el paradero de los migrantes.
Los migrantes tienen antecedentes penales en EE.UU., que incluyen delitos como homicidio y posesión ilegal de armas, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Evaluaciones de asilo ignoradas por EE.UU.
Sin embargo, el juez insistió en que incluso con historial criminal, el Gobierno no debe deportar a personas a países donde puedan ser torturadas.
Murphy ordenó al Gobierno realizar entrevistas de miedo creíble en el exterior a los migrantes ya expulsados, tal como lo exige el marco legal vigente.
El Gobierno de Trump ha defendido las deportaciones como parte de su estrategia para cumplir con la promesa de “deportaciones masivas”. Una de las piedras angulares de su política migratoria.
En marzo, la Administración envió a más de 200 venezolanos a una megacárcel en El Salvador. En un acuerdo secreto con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Trump deportaciones y acuerdos secretos
El Gobierno aún no ha hecho público este acuerdo. Que permitiría a El Salvador recibir a los migrantes por un periodo inicial de un año, a cambio de seis millones de dólares.
Los migrantes deportados a esa cárcel permanecen incomunicados de sus familias y sin acceso regular a abogados, denuncian ONGs y familiares.
Las organizaciones de derechos humanos alertan que estas acciones podrían estar violando tanto la ley estadounidense como tratados internacionales ratificados por el país.
Expertos legales advierten que estas decisiones unilaterales y sin supervisión judicial efectiva pueden derivar en una “crisis constitucional”.
El juez insiste en el debido proceso
La ley estadounidense prohíbe expresamente deportar a personas a países donde puedan ser víctimas de tortura o tratos inhumanos.
No obstante, la Administración Trump ha buscado firmar acuerdos bilaterales con países de África, Centroamérica y Asia para facilitar estas expulsiones.
El caso de Massachusetts podría sentar un precedente judicial importante en la lucha por mantener las garantías del debido proceso para migrantes detenidos o en proceso de deportación.
Organismos como la ACLU y Human Rights Watch han solicitado al Congreso investigar los vuelos secretos y exigir transparencia sobre los acuerdos con gobiernos extranjeros.
Trump deportaciones violan leyes internacionales
El enfrentamiento entre la Casa Blanca y el poder judicial pone en el centro del debate la vigencia del estado de derecho en medio de políticas migratorias cada vez más duras.
El juez Murphy advirtió en su fallo que si el Gobierno continúa ignorando las órdenes judiciales. Podría incurrir en desacato, lo cual tendría serias consecuencias legales.
El Gobierno, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial al fallo más allá de la declaración de la portavoz del DHS. Quien evitó confirmar detalles del vuelo.
La comunidad migrante y defensores de derechos humanos han calificado las acciones como “arbitrarias”, “inhumanas” y “peligrosas”.
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