Trump quiere quitar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados, ¿eso es posible?
Publicado el 11/12/2024 a las 19:00
- Propuesta desafía interpretación histórica de la 14ª Enmienda
- Trump planea decreto contra ciudadanía por nacimiento
- Cambios afectarían a hijos de inmigrantes en EEUU
Donald Trump ha prometido, de ser elegido presidente en 2024, poner fin a la ciudadanía automática para niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados.
Esta medida desafiaría la interpretación vigente de la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense.
La enmienda, ha sido la base para el derecho de ciudadanía por nacimiento, según reporta El Economista.
Fue ratificada en 1968, y podría convertirse en un obstáculo en los planes del presidente electo, Donald Trump.
¿PODRÁ QUITAR LA CIUDADANÍA?

La 14ª Enmienda, ratificada en 1868, establece:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.
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Esta disposición fue creada para otorgar ciudadanía a los afroamericanos tras la Guerra Civil.
Además, ha sido interpretada durante más de un siglo como un derecho para todos los nacidos en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de los padres.
En un video de campaña, Trump anunció su intención de emitir un decreto presidencial en su primer día en el cargo.
Lo anterior, para que la ciudadanía por nacimiento solo aplique a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
El decreto instruiría a las agencias federales a implementar esta medida, con la que Trump busca cambiar una práctica histórica.
La cual, es protegida por la Constitución y ratificada en diversas instancias legales.
Sin embargo, muchos expertos consideran que el intento de modificar la ciudadanía por nacimiento podría enfrentar serios obstáculos legales.
Lo anterior, debido a que se tendría que reinterpretar la Constitución y, posiblemente, una enmienda adicional.
La ciudadanía por nacimiento es un derecho protegido por la Enmienda.
Cualquier cambio significativo necesitaría probablemente el aval del Tribunal Supremo o una reforma constitucional aprobada por el Congreso.
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