Trump reaviva debate nacional al insinuar quitar la ciudadanía y endurecer postura contra inmigración

• Trump insinúa quitar la ciudadanía nuevamente
• Endurecimiento de discurso migratorio
• Asilo enfrentaría largas pausas

Donald Trump volvió a encender la polémica al declarar que estaría dispuesto a retirar la ciudadanía estadounidense a ciertos naturalizados considerados “criminales” si tuviera la autoridad para hacerlo.

El presidente afirmó que algunos inmigrantes obtuvieron la ciudadanía “de manera equivocada”, insinuando fallas del gobierno de Joe Biden en los procesos de naturalización.

Las declaraciones ocurrieron tras un tiroteo en Washington, contexto que el mandatario aprovechó para reforzar su discurso de mano dura en materia migratoria.

Trump respondió a la prensa asegurando que “absolutamente” desnaturalizaría a determinados ciudadanos si la ley lo permitiera.

Retórica antimigrante y advertencias sobre asilo

El mandatario también arremetió contra comunidades inmigrantes, destacando particularmente a personas originarias de Somalia residentes en Estados Unidos.

En sus palabras, su administración podría imponer una pausa prolongada a nuevas solicitudes de asilo como parte de un plan para reforzar el control migratorio.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela

Aseguró que la suspensión no tendría un límite establecido y que podría mantenerse durante “un tiempo largo” si así lo consideraba necesario.

Dijo además que ciertos grupos “no deberían estar en el país”, intensificando una retórica que ha profundizado tensiones desde su retorno a la Casa Blanca.

Una ofensiva migratoria más marcada

Desde el inicio de esta segunda etapa de gobierno, la administración Trump ha aplicado una línea más estricta contra la inmigración.

El endurecimiento se acentuó después de un ataque mortal contra miembros de la Guardia Nacional, hecho que el presidente vinculó a la necesidad de revisar la ciudadanía de algunos naturalizados.

Trump afirmó que parte de los riesgos de seguridad provienen de personas que lograron la naturalización sin controles adecuados.

Sus declaraciones colocan nuevamente a los estadounidenses naturalizados en el centro de un debate sobre derechos, estatus legal y facultades presidenciales.

Qué implica la naturalización según la ley

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) define la naturalización como el proceso mediante el cual un residente permanente obtiene la ciudadanía tras cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La normativa otorga al Congreso la potestad de fijar las reglas para que una persona nacida en el extranjero obtenga la ciudadanía.

Sin embargo, la facultad para revocar ese estatus es muy limitada y se reserva para casos graves, usualmente relacionados con delitos ocultos o violaciones a derechos humanos.

Por décadas, las desnaturalizaciones han sido excepcionales, con un promedio de apenas 11 casos al año entre 1990 y 2017.

Casos extremos y precedentes legales

Los registros históricos incluyen situaciones de personas que engañaron al sistema ocultando crímenes graves, como violaciones de guerra o participación en masacres.

Ejemplos mencionados incluyen a un ex policía nazi responsable de perseguir a ciudadanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Otro caso fue el de un exmilitar serbobosnio que ocultó su implicación en una unidad vinculada a la masacre de Srebrenica en 1995.

Estos precedentes muestran que la revocación de ciudadanía ha sido tratada como una medida excepcional y no como herramienta de control migratorio.

Una propuesta sin sustento legal

Los intentos recientes de desnaturalización bajo gobiernos anteriores tampoco derivaron en cifras elevadas.

Expertos recuerdan que el presidente no posee la facultad unilateral para retirar la ciudadanía, un límite que está claramente establecido en la Constitución.

Pese a ello, las declaraciones de Trump reactivan un debate sensible sobre seguridad, discriminación y el alcance del poder federal.

La discusión promete escalar en un país que enfrenta crecientes tensiones en torno a inmigración, derechos civiles y definiciones de ciudadanía, según ‘La Opinión‘.