Estados Unidos intensifica los procesos de desnaturalización de ciudadanos naturalizados
Publicado el 02/07/2025 a las 20:29
- DOJ prioriza desnaturalizaciones
- Críticas por amenazas legales
- Temor en comunidades inmigrantes
Segun informa la agencia EFE, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha ordenado a sus fiscales federales priorizar al máximo los casos de desnaturalización de ciudadanos naturalizados que hayan cometido ciertos delitos.
Un memorando interno del DOJ, fechado el 11 de junio y obtenido por NBC News, instruye a los fiscales a “promover al máximo” todas las acciones legales de desnaturalización permitidas por ley y sustentadas en pruebas sólidas.
La orden proviene de Brett A. Shumate, fiscal adjunto de la División Civil, quien destaca la importancia de salvaguardar la integridad del sistema de naturalización estadounidense.
El DOJ señala que existen al menos diez categorías de delitos que pueden justificar la desnaturalización, incluyendo fraude migratorio, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.
Amenaza a la seguridad nacional
El memorando subraya que se dará prioridad a individuos considerados amenazas potenciales para la seguridad nacional, como sospechosos de terrorismo, espionaje o participación en actos de tortura.
También se apunta a quienes tengan vínculos con pandillas transnacionales o cárteles de la droga, así como a personas que ocultaron delitos graves durante su proceso de naturalización.
El documento menciona delitos financieros y fraudes contra programas públicos como Medicaid, reafirmando la idea de que cualquier forma de engaño deslegitima la ciudadanía obtenida.
Más allá de estas categorías, el DOJ otorgó amplia discreción a los fiscales para evaluar “cualquier otro caso” que consideren importante para ser investigado y potencialmente procesado.
Críticas a la desnaturalización en Estados Unidos
Esta cláusula amplia ha generado preocupación inmediata entre organizaciones de derechos civiles y expertos legales, que advierten sobre posibles abusos y arbitrariedad en la aplicación de la medida.
La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) denunció el carácter vago y expansivo del memorando, alertando sobre riesgos graves para las protecciones constitucionales.
Christopher Wellborn, presidente de la NACDL, calificó la iniciativa como alarmante y cuestionó su compatibilidad con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Según Wellborn, el lenguaje del memorando sugiere que cualquier delito, por menor o remoto que sea, podría usarse para justificar la revocación de la ciudadanía.
Impacto en comunidades inmigrantes
El abogado advirtió sobre escenarios en los que el gobierno invoque supuestos vínculos con pandillas sin fundamentos sólidos para despojar a alguien de su ciudadanía.
Asimismo, enfatizó que el peligro para el debido proceso es “incalculable” si no se garantiza el derecho a una defensa adecuada para los acusados.
El Departamento de Justicia ha defendido históricamente los procesos de desnaturalización como herramientas legítimas para combatir el fraude y proteger la seguridad nacional.
Sin embargo, críticos señalan que bajo la Administración. Trump se ha dado un giro hacia un uso más agresivo de esta facultad legal, convirtiéndola en un instrumento de control migratorio.
Temor y rechazo por desnaturalización en Estados Unidos
Organizaciones de derechos civiles consideran que la nueva prioridad del DOJ se inscribe en una estrategia más amplia de endurecimiento de las políticas migratorias, incluso contra quienes ya son ciudadanos.
Para estas organizaciones, el memorando de Shumate refleja una voluntad de intimidar a las comunidades inmigrantes y de generar miedo hacia el proceso de naturalización.
Temen que el miedo a investigaciones y potenciales revocaciones de ciudadanía disuada a inmigrantes elegibles de iniciar o completar sus trámites de naturalización.
El DOJ, por su parte, ha insistido en que estas acciones son necesarias para proteger la integridad del sistema y garantizar que la ciudadanía estadounidense no se obtenga mediante fraude o engaño.
Debate legal y futuro de la política
El texto oficial deja claro que los fiscales ahora tienen luz verde para actuar con mayor agresividad en la identificación y persecución de casos.
Esto ha encendido las alarmas entre abogados y activistas, que denuncian un enfoque punitivo que podría vulnerar derechos fundamentales.
El debate sobre la legitimidad de estos procesos de desnaturalización se perfila como un nuevo frente de tensión entre la Administración Trump y los defensores de las libertades civiles.
Grupos de derechos civiles prometen vigilar de cerca cada caso y desafiar en los tribunales cualquier intento que consideren abusivo o carente de las debidas garantías.
