Nuevo golpe para hospitales: tarifa de visa H-1B de $100,000 de la administración de Trump desata alarma

• Tarifa de visa H-1B
• Escasez grave de personal
• Costos ponen en riesgo servicios

Contratar personal médico especializado se ha vuelto una misión casi imposible para hospitales rurales como West River Health Services, en Hettinger, Dakota del Norte.

Desde finales del verano, su laboratorio no ha logrado atraer a un solo trabajador estadounidense para cubrir una vacante urgente.

Frente a la falta total de solicitantes locales, el centro analiza recurrir a profesionales extranjeros, pero la nueva tarifa de visa H-1B de $100,000 impuesta por la administración Trump ha trastocado todos los planes.

Bekki Holzkamm, gerente del laboratorio, reconoce que las opciones del hospital “no son buenas” y cada una implica riesgos financieros o de operación.

Un costo que supera el presupuesto de los hospitales rurales

West River podría pagar la tarifa de seis cifras y contratar a uno de los más de 30 aspirantes internacionales, principalmente de Filipinas y Nigeria.

Holzkamm explica que el monto equivale a lo que el hospital pagaría por dos técnicos de laboratorio durante un año, un gasto que para instalaciones pequeñas es simplemente insostenible.

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La alternativa es solicitar una exención al Departamento de Seguridad Nacional, pero el proceso es incierto: no se sabe cuánto tardaría ni si realmente sería aprobada.

La última opción sería dejar el puesto sin cubrir, lo que aumentaría la carga laboral de un equipo que ya opera al límite.

La salud rural, atrapada en una política ajena al sector

Aunque la nueva medida fue diseñada para regular el uso de visas H-1B en la industria tecnológica, su impacto ha golpeado de lleno a clínicas y hospitales de zonas aisladas.

“Ni siquiera se consideró la industria de la salud. Serán daños colaterales”, advirtió Eram Alam, profesora asociada de Harvard, al señalar que la decisión no tomó en cuenta que el sistema depende históricamente de trabajadores nacidos en el extranjero.

Abogados especializados ya reciben llamadas de clientes preocupados. “No es que haya un excedente de médicos o enfermeras estadounidenses esperando para cubrir esos puestos”, explicó la asesora legal Elissa Taub, quien trabaja con hospitales en procesos migratorios.

Hasta hace poco, los empleadores pagaban cerca de $5,000 por solicitar el patrocinio de un trabajador H-1B, una cifra manejable para organizaciones pequeñas.

La proclamación presidencial publicada en septiembre elevó el costo a $100,000, aunque solo aplica para quienes viven fuera de Estados Unidos, no para quienes ya tienen un estatus migratorio dentro del país.

Trabajadores extranjeros, pieza clave de la atención rural

Entre los casos que ilustran esta realidad está el de Kathrine Abelita, técnica de laboratorio originaria de Filipinas que llegó a West River en 2018 con una visa H-1B y hoy es residente permanente. “Va a ser un gran problema para la atención médica rural”, afirmó, al recordar que pocos profesionales estadounidenses jóvenes quieren mudarse a comunidades remotas.

La proclamación incluye la posibilidad de exenciones para sectores completos si se demuestra interés nacional, pero las nuevas directrices aclaran que solo se otorgarán en “circunstancias excepcionalmente excepcionales”.

Para obtener una, los empleadores deben demostrar que no existe ningún trabajador estadounidense disponible y que asumir la tarifa “perjudicaría significativamente los intereses estadounidenses”, un estándar difícil de cumplir para hospitales pequeños.

Mientras tanto, West River y cientos de centros rurales enfrentan un escenario en el que contratar personal extranjero podría determinar su capacidad de seguir funcionando, detalló ‘CBS News‘.